Carmen Vela, secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, en Santander. Foto: EP
Hace una semana se celebró en el Palacio de la Magdalena, en Santander, una jornada sobre el compromiso público-privado con la investigación, organizado por la Fundación General CSIC y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP). La clausura de este encuentro, que contó con la participación de representantes de la Administración central y directivos responsables de I+D en colosos como Telefónica o Nokia, corrió a cargo de Carmen Vela, secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación. A falta de ministro del ramo –Rajoy decidió eliminar el puesto en 2011-, la número dos del Ministerio de Economía es ahora la principal responsable de la política estatal en esta cartera.
Carmen Vela nació en Sigüenza en 1955. Es licenciada en Químicas y graduada en Bioquímica por la Universidad Complutense de Madrid. Acumula una experiencia dilatada en este sector. Antes de asumir el cargo en el Gobierno trabajó para el Instituto Nacional de Industria, el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, dependiente de la Autónoma de Madrid, y para Ingenasa, una empresa surgida tras la quiebra de Ercros. El nombramiento de Vela fue un empeño personal de Luis de Guindos. Su rúbrica a la plataforma de apoyo a Zapatero en 2008 le valió duras críticas por parte de la caverna mediática de la derecha.
El trabajo de la seguntina, muy cuestionado, no es nada fácil. Mantener en pie la llama de la innovación en plena crisis es una tarea que roza la utopía. Su actitud es voluntarista, pero los resultados no llegan porque la apuesta inversora sigue siendo raquítica en el Gobierno de Rajoy.
Ante la falta de recursos públicos y de voluntad política, Vela enfatizó en Santander la importancia de potenciar la colaboración pública-privada, o lo que es lo mismo, que las empresas inyecten más dinero en esta actividad. “Si queremos un modelo económico de mayor valor añadido, éste pasa por la I+D+i y, en buena medida, por fomentar la colaboración público-privada”, aseguró.
Vela considera “muy importante” esta fórmula. “Multiplica la acción y cataliza la rapidez”, puntualizó. “En España nos falta mucha investigación privada. La investigación era lo propio de lo público y la innovación, de lo privado, pero no son compartimentos estancos”, advirtió con voz rotunda y una actitud enérgica a medio camino del optimismo y el realismo de unas cifras de inversión que siguen siendo insuficientes.
El principal reto que tiene encima de la mesa el Gobierno es articular una nueva ley de mecenazgo que facilite la entrada de capital privado allí donde no llega el público. Economía se ha propuesto involucrar a los agentes privados para financiar la investigación y potenciar las pymes. Sin embargo, la composición del tejido productivo en España lastra la I+D. Las pymes (empresas de 1 a 249 empleados) en España suelen ser de 5 empleados, mientras que en Alemania son de 248. Este tipo de empresas no tienen incorporada la investigación igual que las multinacionales, lo que significa que nuestro país tiene ahí un larguísimo camino por recorrer. Un camino para el que, actualmente, el Ejecutivo no ha puesto facilidades, ni incentivos, ni iniciativas de calado.
Si la política seguntina está convencida de que para transformar la estructura económica del país –cuyo monocultivo del ladrillo ya hemos visto los efectos que produce- es imprescindible investigar e innovar, sería interesante que trasladara este mensaje al Palacio de la Moncloa.
Los partidos de izquierda consideran que los planes del Gobierno esconden una privatización de la ciencia después de haber exterminado su presupuesto. La ocurrencia de Vela de organizar una plataforma de crowdfunding para financiar proyectos científicos no ha ayudado demasiado a despejar las sombras de sospecha. Al contrario. Parece convertir la ciencia en una tómbola sin criterio ni una dirección técnica y profesional adecuada.
Repasar los datos es echarse a llorar. España continúa alejándose de Europa en sus indicadores de I+D e innovación, según el informe Cotec de 2014, lo que tiene un reflejo directo en la competitividad de nuestra economía. Entre 2008 y 2012, el gasto español en este ámbito cayó un 4,2%, mientras que en el conjunto de los cinco países que Cotec utiliza como referencia (Alemania, Francia, Italia, Reino Unido y Polonia), se disparó un 16,4%, a pesar de la crisis. Esto quiere decir que mientras nuestros vecinos tienen claro que para abandonar la depresión hay que tomar el camino de la innovación, en España seguimos anquilosados en un modelo productivo que pide a gritos una transformación radical.
El gasto en I+D fue de 13.391 millones de euros en 2012 en España, un 5,6% menos que en 2011, según el INE. La caída en el sector público superó el 7% y en el universitario alcanzó el 7,2%. Entre las empresas el descenso se quedó en un 4,1%.
El informe de Cotec califica de “preocupante” la reducción del gasto público en I+D, cuyas consecuencias más importantes son el aumento de la edad media de sus investigadores y la difícil renovación de los aparatos y equipos de investigación. El número de empresas que realizan I+D se ha mantenido prácticamente constante, pero suman apenas 12.000, de las que solo un porcentaje nimio invierte más de 100 millones de euros anuales a las partidas de innovación.
Los especialistas, a derecha e izquierda, llevan mucho tiempo denunciando la falta de consciencia social en España sobre la importancia económica de la innovación, y más de tres cuartas partes de ellos consideran especialmente grave el insuficiente apoyo de las administraciones a las políticas públicas de I+D+i, la falta de cultura en los mercados financieros españoles para la financiación de la innovación y los escasos recursos financieros y humanos dedicados por las empresas a esta actividad.
Favorecer la retroalimentación del potencial investigador público en la empresa privada. Movilizar a la sociedad en favor de la ciencia. Impulsar la movilidad de los profesionales. Aprovechar una futura reindustrialización del país (si ésta llega). Crear centros mixtos que aglutinen investigación e innovación, es decir, la capacidad científica del sector público y la necesaria conversión de este trabajo en productos de valor añadido.
Son ideas tangibles que serpentearon el coloquio de la UIMP. “La innovación responsable es la que convierte una idea en útil para la sociedad”, dijo Enric Banda, director científico de la Fundación la Caixa. Ojalá cunda el ejemplo. Y ojalá el Gobierno entienda que debe dar un giro de 180 grados a una política que ahoga la investigación.